MISMA MIERDA, DIA DIFERENTE

17 Feb

 

Las cifras que publicó el miércoles la Auditoría Superior de la Federación (ASF), muchas de ellas correspondientes a presuntos malos manejos económicos por parte de los estados, Congreso de la Unión y del Gobierno Federal, provocaron diversas reacciones, aunque no de todos los señalados.

Una de las dependencias que habló, debido a que las cifras dicen que hubo mal manejo de recursos en programas durante el ejercicio 2010, fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

La dependencia afirmó que será en un periodo de 30 días cuando responda a las observaciones y resultados publicados.

Según la investigación de la ASF, publicada en su página web, a través de Procampo se habrían entregado incorrectamente apoyos por 902 millones 600 mil pesos a 70 servidores públicos de mandos medios, de los cuales 41 fueron de la Sagarpa y 29 del organismo desconcentrado Aserca.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, funcionarios de ésta colaboran con las autoridades de la Auditoría para identificar las posibles responsabilidades a quienes hubieran incurrido en actos ilegales.

Por ahora, subrayó la dependencia, no pude dar una conclusión, ni actuar contra los presuntos culpables que se señalan en los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2010.

Claro está que, ante las presuntas irregularidades en los procesos del Gobierno federal en diversas áreas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se podía quedar callado; ayer, acusó al Ejecutivo de opacidad, manejo discrecional de recursos públicos, de ser caro e ineficiente y de realizar gastos millonarios superfluos en agravio de los mexicanos.

De lo que no hizo mención el Revolucionario Institucional es sobre los estados que son gobernados por políticos emanados del partido, como el caso de Nuevo León que, según la Auditoría, su deuda al término de 2010 era de 33 mil millones 971 mil 599 pesos; la de Veracruz registra 21 mil millones 499 mil 912 y Quinta Roo, con 10 mil millones, 037 mil 194 pesos.

La dirigencia nacional de este partido y su bancada en la Cámara de Diputados ubicaron como prioridad la dictaminación de la Cuenta Pública 2010, a fin de eventualmente identificar responsabilidad de servidores públicos federales.

El líder nacional priista, Pedro Joaquín Coldwell, junto con Francisco Rojas, líder del PRI en San Lázaro, y los diputados Sebastián Lerdo de Tejada, César Augusto Santiago y Jorge Carlos Ramírez Marín advirtieron que además de mostrar ser ineficaz, en el Gobierno federal hay claras señales de corrupción.

Los priistas centraron sus críticas en cinco rubros donde, subrayaron, la administración del Presidente Felipe Calderón mostró irregularidades: guarderías subrogadas, supervisión a centros de apuestas, subejercicio de más de 30% en el Programa de Apoyo Alimentario, los festejos del Bicentenario y transferencias que garantizan opacidad –afirmó Coldwell– al Gobierno federal.

Francisco Rojas afirmó que buscarán aprobar una iniciativa de ley para otorgarle mayores facultades a la Auditoría, a fin de que su labor sea más efectiva y pueda aplicar sanciones directas.

Desde otro ángulo legislativo, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se comprometió a solventar en lo inmediato las cinco recomendaciones que hizo a este organismo la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2010.

El legislador perredista se pronunció porque todas las dependencias estuvieran en el mismo estatus de observaciones; sin embargo, indicó que aquellas que las tienen tendrán que subsanarlas y en caso contrario, tendrá que aplicárseles la ley.



Gobernación y los casinos

La Auditoría Superior de la Federación considera que, respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Gobernación no cumplió con las disposiciones aplicables a la supervisión de permisos para la operación de casas de juego.

El informe destaca las debilidades en el sistema de control interno en el proceso de supervisión de permisos para la operación de casas de juego; la carencia de políticas, bases, lineamientos y procedimientos en materia de supervisión y vigilancia, así como de un programa para la supervisión de los permisionarios y de bases de datos sobre juegos con apuestas y sorteos actualizadas. El documento también hace énfasis en que no se inspeccionó a la totalidad de los centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, ni se aplicaron sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los permisionarios, lo que, según el organismo, refleja la falta de control que existe en la vigilancia de estos establecimientos, y propicia que operen al margen de la legalidad.

El año pasado el tema de los casinos salió a flote tras la muerte de 52 personas a causa del incendio en el Casino Royale, en Monterrey.

La nueva casa de los Senadores

El tema del aumento en el precio de la nueva sede de la Cámara de Senadores vuelve a cobrar vigencia. La Auditoría Superior de la Federación encontró cifras que, según su interpretación, pasan por irregularidades de la Cámara alta.

El organismo considera que la Secretaría General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores y la Dirección de Administración Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, no cumplieron con las disposiciones normativas. Dentro de estas disposiciones, están pagos anticipados por 642 mil 527 pesos que habrían generado intereses por cinco mil 244 pesos; también detectó un pago en exceso por cinco mil 400 pesos; una deficiente aplicación del ajuste de costos, que arroja un pago en exceso por nueve mil 434 pesos, además de trabajos que presuntamente son de mala calidad en los paneles prefabricados de las fachadas que ascienden a 35 mil 870 pesos.

Dentro de las recomendaciones de la Auditoría, está que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos tome medidas de control para vigilar que no se modifiquen las estructuras de un contrato ni se paguen preestimaciones.

Presidencia y publicidad

Dentro de los resultados de la Auditoría, está el que corresponde a los gastos de la Presidencia en publicidad. En este punto, el organismo encontró que el Ejecutivo, así como las secretarías de Gobernación y Desarrollo Social, caen en faltas de procedimientos para la contratación de servicios; según el documento, también hay una carencia de controles para la medición e impacto de las campañas que se realizan en co-emisión, es decir, cuando la Presidencia presume logros en Salud, sin que el spot sea de ésta secretaría.

Otro de los problemas que señala la Auditoría es que la Presidencia ha contratado tiempos comerciales, sin haber solicitado primeramente los tiempos oficiales.

En el tema de las co-emisiones, no se cuenta con un documento que sustente su impacto presupuestal en cada dependencia, ni a nivel global por cada versión, dado que los gastos para la producción, postproducción, transmisión y evaluación se encuentran fragmentados en cada una de las dependencias participantes, por lo que no es factible determinar el costo-beneficio de éstas.

Deuda de estados

Según la Auditoría Superior de la Federación, la deuda de los estados suma 314 mil millones 664 mil 200 pesos a 2010. El más endeudado es el Distrito Federal, con 52 mil millones 578 mil 543; sin embargo, la capital es la que posee mejor calificación crediticia, debido a su fortaleza económica. Caso contrario es el de Coahuila, que con más de ocho mil millones de pesos registrados al cierre de 2010 es, junto con Zacatecas, de los peores evaluados en el rubro crediticio. Es importante recordar que el año pasado se destapó el escándalo de la deuda coahuilense por más de 32 mil millones de pesos, que en parte habría sido conseguida con documentos apócrifos. Sobre las cifras per cápita o por persona, el que registra el número más alto es Quintana Roo, con siete mil 600 pesos; Nuevo León tiene siete mil 300 pesos; en Sonora, cada persona debe seis mil y medio pesos, mientras que en el Distrito Federal la cifra asciende a cinco mil 900 pesos. En la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto (PIB) de cada Entidad, Quintana Roo es el que queda peor parado, ya que alcanza 5.3 por ciento.

Estela de Luz

El estudio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arroja que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Fideicomiso del Bicentenario y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., no cumplieron con las normas.

El INEHRM no autorizó los criterios en que se fundó para proponer la contratación directa de la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., además de que esta compañía omitió revisar y definir el catálogo de conceptos que sirvió de base para que los licitantes prepararan sus propuestas, al considerar unidades de medida y volumetrías imprecisas. Además, calificó incorrectamente la propuesta ganadora para la ejecución de los trabajos, ya que, según la Auditoría, presentó ambigüedades, deficiencias e inconsistencias.

Además, la ASF afirma que fueron autorizados convenios modificatorios sin considerar que algunos de los argumentos vertidos en los dictámenes técnicos que soportaron su autorización son básicamente los mismos, como son entre otros el estudio de túnel de viento y de mecánica de suelos; el diámetro, altura, espesores y el tipo de acero inoxidable de las columnas y el cambio de especificación del tipo de cuarzo de la Estela de Luz.

Hacienda y el subejercicio

Para el Gobierno federal hay más de un caso de auditoría, y es que a la Secretaría de Hacienda también le tocó estar dentro del ejercicio de la Auditoría Superior de la Federación.

El organismo afirma que falta información sobre la aplicación de ocho mil millones 615 mil pesos de subejercicios que se presentaron por ramo administrativo, así como del origen de las ampliaciones de recursos correspondientes a acuerdos de ministración por seis mil millones 880 pesos; también señala la reasignación de mil millones 731 mil pesos a contingencias por desastres naturales, que no corresponden a programas sociales ni de inversión en infraestructura.

El documento también indica que Hacienda no reportó el monto de los subejercicios del cuarto trimestre, ni de los ramos autónomos, generales y de las dependencias de control presupuestario directo. Otro de los puntos que considera es que no hay evidencia del destino de los 27 mil millones de pesos derivados de ahorros presupuestarios.


Función Pública y la falta de acción

La Secretaría de la Función Pública (SFP) no ejerce sus facultades, no da seguimiento a sus propios programas y no cumple con la vigilancia y el control en varias de sus tareas, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.

De siete auditorías practicadas a la SFP, sólo una obtuvo un resultado “limpio” —relacionada con la extinción de Luz y Fuerza del Centro— y el resto, presentaron diversas observaciones por parte del órgano fiscalizador.

En la auditoría relacionada con la Gestión de Control, se detectó que la dependencia, a cargo entonces de Salvador Vega, permitió que 16 de 30 Unidades Administrativas del Gobierno federal tuviera por cada plaza operativa dos o más de mando superior.

Además, 23 unidades tuvieron un porcentaje de desocupación de 10% a 30%; se careció de perfiles de puesto específicos para funciones sustantivas; no se le dio seguimiento a las convocatorias ciudadanas del Trámite más Inútil; se tuvo una “inadecuada” evaluación del desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control, ya que no se establecieron áreas de oportunidad derivadas de sus evaluaciones y éstas no son medibles de un año a otro.

Fuente:  El Informador.com.mx
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