SENADO DE MEXICO RECHAZA EL ACTA

20 Jul

 Los suscritos, FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, CARLOS SOTELO GARCÍA, MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE y RODRIGO PÉREZ-ALONSO GONZÁLEZ, Legisladores de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la firma, por parte del Gobierno Mexicano, del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado jueves 12 de julio nos enteramos por los medios de comunicación de la firma, por parte del Ejecutivo Federal, y a través del Embajador de México en Japón, del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, conocido como ACTA, por sus siglas en inglés (Anti Counterfeiting Trade Agreement).

Desde el año 2007, México inició una serie de negociaciones relacionadas con este Acuerdo junto con los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Estados Unidos de Norteamérica, y representantes de la Unión Europea. Desde entonces, el Ejecutivo Federal, ha seguido estas negociaciones a través de la Secretaría de Economía, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA) consiste en una propuesta internacional multilateral que pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, con el propósito de combatir el crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados, mediante la cooperación internacional, el establecimiento de mejores prácticas para su observancia y la creación de un marco legal efectivo para combatir la piratería y la falsificación.

A inicios del año 2010, gracias a diversos comentarios publicados en Internet y en las diferentes redes sociales, así como a las advertencias y notificaciones de ciudadanos y académicos interesados en el tema, los legisladores nos enteramos de las negociaciones del ACTA, las cuales, en su momento fueron llamadas “reservadas” por el IMPI, pero que en realidad fueron realizadas en la oscuridad, en la opacidad y carentes de transparencia.

Esta manera de proceder del Ejecutivo Federal violó lo dispuesto en la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, cuyos artículos 5 y 8 establecen que el Senado de la República deberá ser informado, por parte de las Secretarías de Estado y de cualquier otro organismo de la Administración Pública Federal, sobre el inicio de negociaciones formales de un Tratado Internacional.

Ante este escenario, el 5 de octubre del año 2010, en el Senado de la República se aprobó la creación de un Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al proceso de negociación del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, co el objeto de coadyuvar en la transparencia de las negociaciones multilaterales y garantizar que dicho Acuerdo se encontrara con arreglo a las garantías y derechos fundamentales que prevé nuestra Constitución.

El Grupo Plural de Trabajo fue creado al interior de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, mediante un Acuerdo aprobado de la Junta de Coordinación Política. El 19 de octubre de 2010, el Grupo quedó integrado por senadoras y senadores de los diversos Grupos Parlamentarios, instalándose el día 23 de noviembre. A partir de esta fecha, y danto cumplimiento con las tareas para las que fue creado, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2011, el Grupo Plural que da seguimiento a las negociaciones del ACTA, sostuvo provechosas reuniones de trabajo en las que se escuchó y discutió con ciudadanos y representantes de la sociedad civil; con investigadores y académicos; con representantes del sector privado, de las cámaras industriales y organizaciones empresariales, y con integrantes del sector público.

Todas las reuniones y audiencias fueron transmitidas por el Canal del Congreso y en la página de Internet del Senado se encuentran publicadas las versiones estenográficas.

Además, el Grupo Plural dispuso la apertura de un sitio web dentro de la página de Internet del Senado para recibir opiniones del público en general, recibiéndose más de 600 comentarios.

Es decir, a diferencia del Poder Ejecutivo, el Senado de la República y el grupo especial sí actuaron de forma transparente y abierta a la sociedad en general.

Cabe destacar que durante este tiempo, el 22 de junio de 2011, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías y dependencias negociadores del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, a no firmarlo, en tanto no concluyeran las consultas públicas y audiencias del Grupo Plural de Trabajo que estaba dando seguimiento a dichas negociaciones, conformado en el Senado de la República.

Todas esas reuniones, opiniones y comentarios propiciaron que el Grupo Plural enriqueciera su información y conocimiento sobre el Acuerdo, lo que le permitió contar con una visión integral del contenido del mismo, de sus propósitos y de sus posibles efectos. Los senadores y senadoras integrantes de dicho Grupo Plural se centraron en las posibles implicaciones y efectos que el Acuerdo tendría en el uso del Internet y de las nuevas Tecnologías de la Información como herramientas trascendentales para la educación y el desarrollo económico, social, cultural y democrático del país.

El Grupo Plural reconoció el papel de las Tecnologías de la Información para disminuir la desigualdad en el acceso a la información y al conocimiento, y la necesidad de la neutralidad de la Red como uno de los principios fundamentales sobre los que fue construido el Internet. Asimismo, consideró que los derechos de propiedad intelectual constituyen el mecanismo idóneo para fomentar la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la creatividad artística y cultural, y que el Internet representa un nuevo escenario para la protección de estos derechos, por lo que requiere un marco jurídico específico.

Ante esta situación, el Grupo Plural consideró que si bien es fundamental proteger los derechos de propiedad intelectual, esta protección debe formularse cuidadosamente, sin que se genere un retroceso ni se limiten los servicios de Internet ni su acceso; sin inhibir el desarrollo del comercio electrónico, y respetando absolutamente las garantías individuales de los ciudadanos.

Como resultado de sus trabajos, el Grupo Plural de Trabajo elaboró un documento de conclusiones de fecha 20 de julio de 2011, mismo que fue entregado a la Mesa Directiva del Senado de la República y hecho público. Dos meses después, el 6 de septiembre, el pleno del Senado aprobó un documento que contenía las conclusiones del Grupo Plural, en el que se recomendó al Ejecutivo no firmar el Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones. Entre las principales razones de esa recomendación destacan:

Que el Proyecto del ACTA contiene diversas disposiciones que, en distintas interpretaciones, se pueden considerar contrarias a la legislación mexicana, en particular, a disposiciones constitucionales y de leyes ordinarias, que requieren ser consideradas por el Ejecutivo Federal antes de signar el Acuerdo internacional de referencia.

Que el Senado de la República, en coordinación con la H. Cámara de Diputados, continuara e incrementara las actividades encaminadas a actualizar y mejorar la legislación nacional que proteja con eficacia y efectividad los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y los derechos conexos, como una variable indispensable para mejorar el Estado de Derecho en el país y, con ello, las condiciones favorables a la innovación, el desarrollo tecnológico, la creatividad y la cultura, así como a la mejora de la competitividad económica.

Que el Senado de la República, en coordinación con la H. Cámara de Diputados, realizara un seguimiento a los análisis e informes especiales que diversos organismos multilaterales, entre ellos la Organización de la Naciones Unidas, realicen en relación con los derechos de libertad de opinión y expresión a través de la Internet, de tal manera que la legislación nacional mantenga su actualización y vanguardia en este ámbito.

Que el Pleno del Senado de la República exhortara al Ejecutivo Federal a que en un futuro, las Secretarías de Estado y entidades negociadoras de Tratados Internacionales, cumplan y respeten las disposiciones legales en materia de celebración de acuerdos comerciales de esta naturaleza, ya que la falta de comunicación, consulta y transparencia pueden obstaculizar el proceso de negociación y generar argumentos para aprobar o rechazar cualquier firma o ratificación.

Finalmente, la conclusión más importante del Grupo Plural de Trabajo consistió en que el Pleno del Senado de la República exhortara al Ejecutivo Federal a no suscribir el Acuerdo Comercial Anti Falsificación en virtud de que:

  1. En el proceso de negociación de este acuerdo se violó la Ley Sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica;

  2. En la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del proyecto de Acuerdo Comercial Anti Falsificación resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas, garantías individuales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico;

  3. La ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto del Acuerdo Comercial Anti Falsificación resultarían contrarias a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del País;

  4. La implementación del Acuerdo Comercial Anti Falsificación podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet, y

  5. El Acuerdo Comercial Anti Falsificación podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural.

Cabe señalar que el 4 de julio, una semana antes de que México suscribiera este Acuerdo, su texto fue rechazado por el pleno del Parlamento Europeo con 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones, lo cual confirma lo concluido por el Grupo Plural de Trabajo del Senado de la República.

Aunado a lo anterior, Amnistía Internacional México hizo un llamado al Senado de la República a no ratificar el ACTA, ya que si bien, éste busca incrementar los controles relativos a la falsificación de mercancías y marcas, no garantiza un adecuado equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso que deben garantizar los Estados.

Por su parte, el 15 de julio, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió un Boletín de Prensa en el que este organismo público expresa su preocupación por la firma del Gobierno Mexicano del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, pues tras un análisis del Acuerdo, se reconoció la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual, sin embargo, en el ACTA éstos no son compatibles con los derechos consagrados en nuestra Carta Magna ni en los Tratados en materia de derechos humanos signados por México.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos lamentable la decisión que ha tomado el Gobierno Mexicano de firmar el Acuerdo Comercial Anti Falsificación, pues con ello demuestra una falta de respeto hacia la relación que debe existir entre los Poderes de la Unión, pues el Poder Ejecutivo ignoró por completo el debate que se dio durante dos años en el Senado de la República, en el cual se escuchó a todos los actores involucrados e interesados en el tema del ACTA.

El H. Congreso de la Unión no puede aceptar que se violen las leyes de México, en este caso la mencionada Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, ni que se vulneren las garantías individuales que nuestra Constitución consagra, ya que el ACTA viola los derechos de los ciudadanos y le concede al Poder Ejecutivo facultades para infringir la privacidad en Internet.

Como legisladores no podemos aceptar que siendo el Senado de la República parte del proceso de ratificación de los Tratados Internacionales, y en el marco de un respetuoso equilibrio de poderes, su opinión no sea tomada en cuenta y que, si bien es facultad del Ejecutivo firmarlos, se haya hecho caso omiso de los exhortos que tanto la Comisión Permanente como el propio Senado de la República le hicieron para que no se firmara el Acuerdo Comercial Anti Falsificación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza enérgicamente la firma por parte del Ejecutivo Federal del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), el pasado 11 de julio en Japón, en virtud de que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; se ignoraron las conclusiones aprobadas por el pleno del Senado de la República el 6 de septiembre de 2011; y porque se trata de un Acuerdo que vulnera el orden jurídico nacional y los derechos humanos de los mexicanos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, a que realice las gestiones necesarias, a fin de que a la brevedad sea retirada la firma de México del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA).

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa Cantellano y al Secretario de Economía, Dr. Bruno Ferrari García de Alba, para que informen a esta Soberanía las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió suscribir el Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), los términos en los que lo firmó, así como el texto definitivo del mismo.

SUSCRIBEN

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA

SEN. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

DIP. RODRIGO PÉREZ-ALONSO GONZÁLEZ

 

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