QUE NO SE VAYA SIN PAGAR

24 Nov

BOLETIN DE PRENSA “MEXICO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL” (2 DICIEMBRE 2011)

BOLETÍN DE PRENSA

2 de diciembre, 2011

MÉXICO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 


  • El pasado 25 de Noviembre se presentó al Fiscal de la Corte Penal Internacional un expediente que consta de 700 fojas y documenta 470 violaciones al derecho internacional humanitario en México. 

  • El expediente presentado por el abogado Netzaí Sandoval fue respaldado por más de 23,000 firmas (ahora suman mas de 27,000) de ciudadanos mexicanos. 

  • El expediente proporciona información sobre la comisión de “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” en México. 

  • El documento no solamente señala a Felipe Calderón y a Joaquín “El Chapo” Guzmán como posibles responsables de estos crímenes, sino también a todos los integrantes del gabinete de seguridad al nivel federal y todos los cárteles de la droga que operan en México. 

  • Los firmantes de la petición ante la CPI rechazan categóricamente que hayan cometido violación alguna a la ley y exigen al Presidente de la República que retire formalmente su pronunciamiento que sugiere que procederá legalmente en su contra. 

I. La solicitud ante la Corte Penal Internacional

Luego de más de ocho meses de trabajo, un grupo de veintitrés mil ciudadanos solicitamos, el 25 de noviembre, al Fiscal de la Corte Penal internacional (CPI), que pudiera analizar la situación de violencia en México e iniciar una investigación en la que se pueda determinar si se cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra así como la posible responsabilidad del Jefe del Ejecutivo, de los Secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública además de líderes de grupos de la delincuencia organizada.

Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros.

Los Crímenes de lesa humanidad – descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros.

En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas.

La petición que presentamos el 25 de noviembre no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país.

Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga serían responsables de estos crímenes. Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.

Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.

Adicionalmente, México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio de estos delitos debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad.

Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentó ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.

Hasta hoy, los voceros y comunicados oficiales del Gobierno Federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos a la CPI. No han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesina civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en el 95% de los homicidios de la narcoguerra el Gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que “se matan entre ellos”.

Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale del INM para agredir a migrantes.

Para informacion adcional , se adjunta esta liga : www.juicioacalderon.blogspot.com
Contacto:
Netzaí Sandoval
E-mail: netzai@gmail.com
Twitter: @Netzai_Sandoval
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: